1 de marzo – Día de la Cero Discriminación

El 1 de marzo es el Día de la Cero Discriminación, una fecha señalada que tiene como objetivo impulsar el fin de todo tipo de discriminación y garantizar que toda persona pueda disfrutar de sus derechos y de una vida digna y plena.

Este día fue establecido en 2013 por la Asamblea General de la ONU, después de la campaña en favor de la discriminación cero en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA llevada a cabo por ONUSIDA.

La no discriminación no debería de ser un deseo, sino una obligación. Así se puede comprobar con una gran cantidad de documentos oficiales en los que se refleja el compromiso de diversos países con este fin, entre ellos España.

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 1 que toda persona nace libre e igual en dignidad y derechos, mientras que su artículo 2 señala que “toda persona tiene todos los derechos y libertades” que componen la Declaración, “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

Este derecho también se recoge en el Tratado de la Unión Europea. En su artículo 2 indica que la Unión se fundamenta, entre otros principios, en el respeto de la dignidad humana, la igualdad y los derechos humanos, “incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías”. Y ya no sólo es que la UE lo presente como principios, sino que en su artículo 3.3 se compromete a combatir “la exclusión social y la discriminación” y a fomentar “la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño”.

Por último, cabe observar el caso español. La Constitución señala en su artículo 1 a la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico, al tiempo que el artículo 14 determina que todas las personas “son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna”. El artículo 9.2 asigna a los poderes públicos la obligación de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

A pesar de la suma de todos estos principios y de los avances producidos a nivel jurídico y legislativo, siguen existiendo discriminaciones de todo tipo en gran diversidad de ámbitos.

En el ámbito laboral se puede señalar cómo la mujer tiene un acceso desigual tanto a un puesto de trabajo (según datos del SEPE, en enero de 2022 las mujeres representaban el 58’96% de las personas desempleadas, en comparación con el 41’04% de los hombres) como a un salario justo (según el INE, la brecha salarial alcanzó el 21,4% antes de la pandemia); que existe un sector de la población que se siente discriminado en este ámbito únicamente por su origen racial o étnico (un 25,8% de los encuestados para el informe del CEDRE Percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2020); cómo el 48,9% de la población entre 16 y 29 años se encontraba inactiva (datos del Informe Jóvenes y Mercado de Trabajo Junio 2021 del Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre el primer trimestre de 2021); o que sólo 1 de cada 4 personas con diversidad funcional trabajan en 2021 (datos proporcionados por Odismet).

Al igual que para el ámbito laboral, se pueden ofrecer más datos entristecedores en otros sectores. Un estudio de la organización Provivienda puso de manifiesto que el 72,5% de su clientela no era favorable a ofrecer sus viviendas a la población de origen extranjero. El 39% del colectivo trans ha sufrido alguna vez algún trato discriminatorio a la hora de recurrir a los servicios sanitarios o sociales, según se dispone en la motivación del Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. El 88% de la población gitana sufrió las consecuencias del abandono escolar temprano, según informa el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Desgraciadamente, la discriminación también deriva violencia como reflejan los 748 delitos de odio ocurridos entre enero y julio de 2021 (datos del Ministerio de Interior) o las 43 mujeres asesinadas por violencia de género el pasado año. A esto, cabe sumarle la toxicidad de las redes sociales a la hora de perseguir, señalar y juzgar a cualquier persona por no pensar y actuar de la misma forma; viéndose en especial en casos de personas más mediáticas, como los comentarios homófobos hacia el actor y director Eduardo Casanova por su vestimenta en los premios Goya, las reacciones xenófobas ante la denuncia de un insulto racista por parte del futbolista del Valencia CF Mouctar Diakhaby o los continuos insultos recibidos por la filósofa y escritora trans Elizabeth Duval.

En EQUÀLITAT tenemos un firme compromiso con la igualdad. Es intolerable cualquier acción discriminatoria, tanto desde un punto de vista jurídico como desde un punto de vista moral y ético. Todas las personas nacen iguales y con una dignidad intrínseca por el mero hecho de vivir, sin importar su origen, sexo, raza… El conjunto de la sociedad ha de reaccionar y decir basta a toda discriminación, empezando por los poderes públicos, que han de ser aquellos que lideren esta misión.

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Daniel Merín Fernández- Departamento de Gobernanza Pública 🟤