La segunda reunión del actual Consejo de Ministros celebrado el día 11 de febrero comenzaba lamentando el asesinato de dos mujeres en Lugo y Granada, en las últimas horas, por violencia de género. A continuación, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informó sobre las novedades al respecto del Coronavirus, recalcando la transparencia con la que se está llevando el asunto en el país, así como la preparación y competencia del sistema sanitario español.

En relación con este último tema, la ministra comentó acerca de la alarmante decisión de otros países de no asistir al Mobile World Congress Barcelona, el cual es muy importante para la economía anual, por temor a posibles contagios. Ella misma recalcaba que no ha habido ninguna restricción por parte de organizaciones internacionales para que se pudiera celebrar el congreso e insiste en la confianza en las medidas de seguridad establecidas. Finalmente, en las últimas horas, nos enterábamos de la decisión por parte de la organización de suspender el evento tras la oleada de cancelaciones por parte de las compañías asistentes.

En el plano internacional, la portavoz recalcó los avances en cooperación con la UE, así como el inicio de las reuniones del Gobierno con otras fuerzas políticas para informar sobre los cambios surgidos por la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Del mismo modo, añade que se está trabajando por “mejorar el proceso de incorporación del derecho de la Unión Europea al ordenamiento interno del país”.

A continuación, tomaba el turno de palabra la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que centraba su discurso en la situación macroeconómica del país. Durante su turno, indicó que el PIB había crecido un 2% en la segunda parte del 2019, lo que posicionaba a España en “un crecimiento diferencial positivo dentro de la Eurozona”. Además, apunta que se trata de un crecimiento más robusto que el dado en otros procesos expansivos hasta la fecha.

En cuanto a la urgente tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, la portavoz estableció como fecha máxima de aprobación el verano del presente año, debido a la imposibilidad de seguir prorrogando los actuales presupuestos de 2019, ya que, según esta, “perjudican al conjunto de los ciudadanos y lastran la inversión pública”. Este hecho guarda relación con la reunión mantenida entre la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, con el secretario general de la ONU, António Guterres; el cual apuntaba que el crecimiento económico no implica una mejora de la situación de muchas familias de clase media, llevando a una desigualdad y una pobreza no solo negativa para ellos, sino también para el crecimiento y prosperidad del país. Ante ello, los nuevos presupuestos generales, irán dirigidos en parte a la reducción del déficit y deuda pública para mejorar esta situación.

En otro orden de cosas, se hizo hincapié en la “derogación del despido por absentismo laboral intermitente en un determinado periodo de tiempo al encadenar bajas médicas”, mediante un real Decreto-Ley que el Gobierno implementará en breve. Aunque de momento solo se trata de una modificación urgente, para no considerar procedente esta clase de despido, el resto de cuestiones relativas al absentismo laboral se tratarán mediante un proceso de diálogo social continuado.

Como adelantábamos la semana pasada, Pedro Sánchez ha iniciado una ronda de contactos con los presidentes autonómicos para hablar de aspectos coyunturales del territorio y continuar con la senda del diálogo social y equilibrio presupuestario. La portavoz ha resaltado la importancia de la mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña, para la cual no hay fecha todavía.

A modo de resumen, el equipo de Gobierno rebaja las previsiones de crecimiento al 1,6%, fija el déficit máximo en el 1,8%, eleva el techo de gasto un 3,8% y se contempla que la deuda pase al 94,6% en 2020.

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Pedro Sáez, consultor junior EQUÀLITAT

Sofia Rubio, consultora junior EQUÀLITAT