Felipe VI presidía este martes el tercer Consejo de Ministros, el primero del día, en el Palacio de la Zarzuela, algo que no pasaba desde 2014 con Mariano Rajoy como presidente. Durante esta primera reunión, el Jefe de Estado ha sido informado de las principales líneas de actuación que el nuevo Gobierno pretende cumplir durante la actual legislatura, tal y como recoge el artículo 62 de la Constitución como competencia del Monarca. Posteriormente, se celebraba la sesión ordinaria del Consejo de Ministros en la Moncloa con carácter decisorio. Comparecen ante los medios la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; y la ministra de Igualdad, Irene Montero.

La rueda de prensa comenzaba con la portavoz del Gobierno haciendo referencia a la “nueva senda de estabilidad” que ya comentaban en los Consejos Ministeriales pasados. Esta contempla un nuevo sistema fiscal más justo, más redistributivo y adaptado a la nueva realidad económica, que hasta la fecha no había sido transparente en entornos digitales. La ministra hizo hincapié en la necesidad de modernizar el sistema fiscal teniendo en cuenta nuestra sociedad tan globalizada e interconectada por las nuevas tecnologías. Por estos motivos, desde el Gobierno se están impulsando dos nuevos impuestos indirectos que contribuirán al mantenimiento del Sistema de Bienestar:

En primer lugar, el Impuesto sobre Transacciones Financieras que, según palabras de la portavoz: “se trata de un impuesto que grava con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas cotizadas con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros, por lo que no va a afectar al campo de acción de las pymes. El Gobierno estima que recaudará unos 850 millones de euros anuales”.

En segundo lugar, el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, tiene por objetivo gravar aquellas operaciones que se encuentran actualmente al margen del sistema tributario, como son las relacionadas con la economía digital. Según la portavoz, este impuesto se aplicará a tres conceptos principalmente: “prestación de servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea, y venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario”. Algunos países como Francia, Italia o Reino Unido están llevando a cabo gravámenes similares para algunos servicios digitales, por lo que se pretende llegar a un consenso internacional sobre la implementación de esta medida. Se prevé que el Gobierno recaude 968 millones de euros con esta medida.

Esta serie de cambios se encuentran defendidos por los marcos que se han ido implementando en Europa, además, la portavoz apunta que “no se puede permitir un modelo de bienestar moderno con un sistema fiscal caduco”.

Durante su turno de palabra, la ministra de Trabajo y Economía retomaba el tema que introdujimos la semana pasada sobre la derogación del despido por baja médica justificada (artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores). La inmediatez con la que se está tratando este tema tiene que ver con la necesidad de dar amparo a las personas más vulnerables en el ámbito laboral. Cabe destacar que su derogación no tiene un carácter retroactivo.

Irene Montero inició su intervención lamentando el undécimo asesinato machista en lo que va de año. Destacó la aprobación de la declaración institucional con motivo del Día en Defensa de la Igualdad Retributiva que se conmemora el sábado, 22 de febrero. Hace referencia a la idea de la portavoz del Gobierno sobre la redistribución de las riquezas y apunta que para hablar de igualdad también debemos hacer énfasis en materias como las pensiones, los cuidados, la justicia, el feminismo… Tras esto, la ministra de Igualdad ha anunciado la reforma de la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal, que se incluirá en la Ley Integral por la Protección de la Libertad Sexual y contra las violencias sexuales. Esta reforma pretende garantizar que el consentimiento expreso de la víctima sea clave en los delitos sexuales y asegurar la prevención, detección, atención, protección y reparación de las víctimas.

Poniendo atención en la actualidad, la portavoz afirmaba que el Gobierno se mantiene pendiente de las reivindicaciones desde el sector primario y que están trabajando para que su labor obtenga un reconocimiento social y un precio justo. Las principales iniciativas que se están planteando son la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria y la reforma del sistema de peonadas. Por último, cuantitativamente se hace referencia a los datos ofrecidos por el Banco de España que dejan una buena valoración; 2019 acaba con el mayor descenso de Deuda Pública desde 2007, en 2,1 puntos. Con esto, la deuda queda en el 95,5% de su PIB, más bajo que lo que se previó en octubre a Bruselas del 95.9%.

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Sofía Rubio, consultora junior en EQUÀLITAT.

Pedro Sáez, consultor junior en EQUÀLITAT.