#CMIN Weekly 24/02/2020

La rueda de prensa tras el Consejo de Ministros ha comenzado con la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, hablando sobre la negociación existente del marco financiero plurianual 2020-2027, en el cual las prioridades para España son principalmente incrementar los recursos del marco financiero, elevar la cifra inicial debido al aumento de beneficios y aspirar, en niveles generales, a un porcentaje superior al presentado en la última propuesta.

En cuanto a la cuestión catalana se ha anunciado que hoy miércoles tendrá lugar una mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el Govern de Catalunya para solucionar los problemas existentes y favorecer un reencuentro entre España y Cataluña. En relación con este tema, durante la ronda de preguntas se le planteó a la vicepresidenta primera qué se espera conseguir de esta mesa de diálogo en la que se encuentran posiciones dispares. A lo que Carmen Calvo ha respondido que aún sabiendo que existen posiciones contrarias, las soluciones parten del diálogo mutuo.

Otro tema que la portavoz del Gobierno ha destacado ha sido la preocupación creciente por el Coronavirus dando un mensaje de tranquilidad y remarcando que España cuenta con un sistema sanitario totalmente preparado, además de estar en constante cooperación internacional y con las CCAA. El Ministerio de Sanidad ha preparado un informe con la situación nacional e internacional y con cada posible nuevo caso siguiendo los protocolos y transparencia informativa. Finalmente, la vicepresidenta primera ha retomado este tema añadiendo que desde el Gobierno existe una especial atención a las consecuencias económicas y de sectores vulnerables “sin alarmas, pero con diligencia”.

El Consejo de Ministros aprobó remitir a las Cortes Españolas el Proyecto de Ley Orgánica sobre el Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) con el fin de “prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos de terrorismo y delincuencia grave”. La nueva normal implementará una Unidad de Información sobre Pasajeros dependiente del Ministerio de Interior, que se encargará del tratamiento de los datos en España.

Por último, la portavoz ha hecho mención a los diferentes nombramientos que se van a producir durante los próximos días. Por un lado, se propone a Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, alegando que cumple los requisitos que garantizan su idoneidad para el cargo, algo con lo que la oposición no está de acuerdo. Y, por otro lado, se propone a María Llanos Castellanos como presidenta de Patrimonio General del Estado, quien se convertirá en la primera mujer en desempeñar este cargo.

A continuación, tuvo la palabra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo. Comenzó su intervención hablando del calendario legislativo que afecta a todos los ministerios, lo cual es una garantía de cumplimiento del Gobierno de coalición progresista actual. A continuación, comentó que el Consejo ministerial ha decidido que se establecerán 92 nuevas leyes en este año que favorezcan el dialogo entre diferentes ideologías para obtener la representación de la ciudadanía, en cuestiones importantes y urgentes para el país como pueden ser una transición justa de la economía, cuestiones de cambio climático, la igualdad real entre hombres y mujeres y la lucha contra el fraude fiscal.

En último lugar, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, apuntó que se consideran justas y legítimas las reivindicaciones llevadas a cabo por los agricultores y ganaderos en el último mes. La respuesta que ofrece el Gobierno es la puesta en marcha del Real Decreto Ley para resolver los principales factores que determinan el problema agroganadero:

• “La volatilidad de los precios en relación con la oferta y demanda” marcada por la competencia y diferentes crisis a nivel internacional.
• “Factor climático con los fenómenos extremos surgidos en los últimos meses.”
• Los agricultores y ganaderos ven como todo lo que gastan para poder producir se incrementan mucho en los últimos años. Esto en parte surge por la legislación establecida en el marco de la Unión Europea.
• Desequilibrio en la cadena alimentaria con más complicaciones para el primer eslabón, los productores.

El nuevo texto modifica la Ley de medidas de mejora de la cadena alimentaria, en primer lugar, prohibiendo la venta a pérdidas por parte de los productores, en segundo lugar, regulando las promociones comerciales “para que no haya campañas engañosas” que devalúan el producto. A modo de advertencia, se prevé dar publicidad de las infracciones graves o muy graves.

Otras modificaciones conllevan la reforma de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con el fin de mejorar el tratamiento fiscal de las ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores. Así como, que se endurezcan las inspecciones de trabajo y seguridad social en cuanto a lugares de descanso de los trabajadores. Se fomentará la conversión de contratos eventuales de personal agrario en contratos indefinidos o fijos-discontinuos.

El ministro destacó durante su intervención que el 30% de los alimentos y bebidas en España no son consumidos, sino que se despilfarran. Esto es considerado un problema grave a resolver en los objetivos que se establecen para 2030.

Finalmente, el Gobierno no cree que las medidas planteadas vayan a incrementar el precio final del producto para perjuicio del consumidor, tal y como inquieta a las asociaciones de consumidores.

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Sofía Rubio, consultora junior en EQUÀLITAT

Santiago López, consultor junior en EQUÀLITAT

Pedro Sáez, consultor junior en EQUÀLITAT