Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública

Todo lo que debes saber del Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública

El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobado el 17 de febrero de 2026, constituye el eje normativo del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción.

Este plan articula 84 medidas y la modificación de 18 leyes en torno a cinco ejes estratégicos alineados con estándares internacionales de integridad pública (ElDerecho.com, 2026).

Además, el plan combina prevención, refuerzo institucional, recuperación de activos y endurecimiento sancionador.

De este modo, se configura una estrategia integral que trasciende el enfoque exclusivamente punitivo (Tirant Prime, 2026).

Por otra parte, la iniciativa se enmarca en un contexto de deterioro de la confianza institucional.

Este escenario está marcado por investigaciones recientes como el denominado “caso Koldo”, así como por el retroceso de España en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025 (Llach, 2026).

En consecuencia, la reforma pretende reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad preventiva del sistema público.

1. Creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública

El anteproyecto crea una Agencia Independiente de Integridad Pública como órgano central de coordinación en la prevención de la corrupción.

Esta entidad integrará estructuras ya existentes en materia de conflictos de interés, protección del informante y lucha antifraude (Gobierno de España, 2026).

Asimismo, su presidencia tendrá rango de Secretaría de Estado y un mandato único de seis años avalado por el Congreso.

Con ello, se busca garantizar autonomía e independencia institucional.

2. Control sobre partidos políticos

La reforma refuerza el control financiero de los partidos mediante umbrales económicos más estrictos.

Será obligatoria auditoría externa para quienes superen los 50.000 euros de financiación pública anual.

Además, se reduce de 25.000 a 2.500 euros el límite para publicar donaciones privadas.

El plazo máximo de publicación será de un mes (RTVE, 2026).

Por otro lado, se endurecen las sanciones.

La falta de auditoría podrá calificarse como infracción grave.

Asimismo, la ocultación de donaciones conllevará multas de hasta el doble de la cuantía no declarada (Noticias Jurídicas, 2026).

 3. Mapas de riesgo y contratación pública

El anteproyecto introduce mapas de riesgo como instrumento preventivo para detectar vulnerabilidades.

Estos se aplicarán en ámbitos especialmente sensibles como la contratación pública y las subvenciones.

Todo ello se realizará bajo la coordinación de la nueva Agencia de Integridad (Gobierno de España, 2026).

En materia de contratación, se refuerzan la trazabilidad y el cruce de datos.

También se amplía la accesibilidad del registro de empresas inhabilitadas.

Además, se crean comités de integridad ministeriales.

Con ello, se consolida la prohibición de contratar como mecanismo preventivo (ElDerecho.com, 2026).

 4. Tecnología, IA y refuerzo penal

Otro de los puntos que vertebran el Proyecto de Ley de Integridad Pública es el uso de herramientas de Big Data e inteligencia artificial.

Estas se aplicarán en la contratación pública y en la gestión de subvenciones para detectar irregularidades.

Asimismo, se extienden los controles de conflictos de interés a todo el gasto estatal (Gobierno de España, 2026).

En el ámbito penal, se amplía la prescripción de cinco a siete años.

Igualmente, se elevan las inhabilitaciones hasta veinte años.

Además, se refuerzan las sanciones a empresas y se agravan delitos como el tráfico de influencias (Noticias Jurídicas, 2026).

 5. Recuperación de activos y coordinación institucional

Por otra parte, el Anteproyecto establece un eje para garantizar la restitución de fondos obtenidos ilícitamente.

Para ello, se adapta el marco jurídico nacional a la Directiva (UE) 2025/1260.

Asimismo, se amplían las competencias de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.

Esta podrá identificar, asegurar y administrar bienes vinculados a procedimientos penales por corrupción.

Incluso podrá actuar en ausencia de condena firme, siempre bajo control judicial (Gobierno de España, 2026).

En el ámbito penitenciario, se vincula la reparación económica del daño con el acceso a ciertos beneficios.

De este modo, se refuerza la responsabilidad patrimonial dentro del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción.

Todo ello se realizará en coordinación con otras iniciativas legislativas (Gobierno de España, 2026).

6. Más peso en la justicia

La reforma fortalece el papel de la Administración de Justicia y del Ministerio Fiscal.

Para ello, se prevén más recursos, especialización y autonomía funcional.

El objetivo es mejorar la respuesta frente a delitos de corrupción.

También se busca consolidar un sistema judicial más ágil y preparado para investigaciones complejas (Gobierno de España, 2026).

Además, se intensifica la protección de las personas informantes.

Se asegurarán sistemas internos de integridad y entornos seguros frente a represalias.

Igualmente, se reconoce el derecho a indemnización.

Por último, se prevé la creación de secciones judiciales especializadas en corrupción para reforzar la eficacia preventiva y sancionadora (Gobierno de España, 2026).

Referencias

ABC. (2026, febrero 17). El Gobierno aprueba la ley anticorrupción con medidas anunciadas tras el caso Cerdán.

El País. (2026, febrero 10). España empeora en percepción de la corrupción y cae tres puestos en la clasificación mundial.

ElDerecho.com. (2026, febrero 17). Aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública.

La Moncloa. (2026, febrero 17). Rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Noticias Jurídicas. (2026, febrero 17). El Consejo de Ministros aprueba en primera vuelta reforzar condenas a empresas por corrupción y más controles a los partidos políticos.

Público. (2026, febrero 17). Devolver lo robado y obtener beneficios penitenciarios, claves de la nueva ley anticorrupción.

RTVE. (2026, febrero 17). Gobierno da primer paso para aprobar medidas anticorrupción anunciadas por Sánchez tras caso Cerdán.

Tirant Prime. (2026, febrero 17). Aprobado el Anteproyecto de Integridad Pública.

Valencia Plaza. (2026, febrero 17). El Gobierno modificará 18 normas para combatir la corrupción en la contratación pública.