Mañana, 22 de febrero, es el Día por la Igualdad Salarial. Se originó en los años sesenta en Estados Unidos y se mantiene en la actualidad como una reivindicación por la brecha salarial entre mujeres y hombres. Esto es, una jornada para la reflexión, para ser conscientes de que los diferentes puntos de partida de las mujeres y los hombres no nos permiten desarrollarnos en los diferentes ámbitos de la misma manera.
No obstante, a nivel legislativo, ya en 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales disponía como derecho fundamental y principio básico, en su artículo 7, la igualdad salarial.
De la misma manera se ratifica en Convenios Internacionales como el CEDAW, los Tratados constitutivos de la Unión Europea -artículo 157 TFUE-, y se consagra en nuestro ordenamiento jurídico, en los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, dónde se prohíbe la discriminación por sexo, directa e indirecta; y su posterior desarrollo legislativo, fundamentalmente en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que habilita las acciones positivas cuyo objeto es la consecución de dicho derecho.
Sin embargo, debemos partir de que a las mujeres históricamente se nos ha asignado, en el ámbito profesional, un rol caracterizado por la debilidad y ausencia de independencia económica. Esto tiene como consecuencia directa que en 2020 la brecha salarial supere el 20% según datos del INE, calculado sobre la ganancia media anual.
Asimismo, las desigualdades salariales se reflejan de manera transversal y tienen consecuencias diversas, lo que nos plantea, a su vez, diferentes debates.
Según el sector económico la diferencia entre salarios también varía. Por poner un ejemplo: en la actividad financiera llega hasta 23’03%, y en el sector sanitario y servicios sociales, se sitúa en el 29’3%.
Esta situación, además, se agrava según la edad, pues las mujeres de mediana edad sufren una invisibilización exponencial, pues como señalan los informes de Eurostat, cuando se entra en la década de los cincuenta años el indicador aumenta hasta 22’5 puntos porcentuales.
Todo ello se suma a otras circunstancias, como que en nuestro país existen diferencias territoriales entre Comunidades Autónomas con una media de 21’9%. En la Comunidad Valenciana se sitúa en un 22’4%, y llega hasta el alarmante dato de 30’2 puntos de desigualdad salarial entre mujeres y hombres, en Asturias.
Sin embargo, debemos contextualizar todos estos datos y conocer cuáles son las causas de esta situación. En primer lugar, la discriminación directa cuantitativa en el puesto de trabajo, cuando una mujer y un hombre no reciben el mismo salario, ya sea por la base salarial o por los complementos que se aplican a la misma que provocan, a su vez, mayor desigualdad, como el plus por nocturnidad o peligrosidad que tiende a otorgarse a los hombres en exclusiva.
Por otro lado, se plasma la discriminación en la diferencia que existe entre los sectores feminizados frente a los masculinizados, cuya causa se fundamenta en los roles de género tradicionales que afectan a la elección de la formación. Asimismo, esta fragmentación sectorial por sexo va unida a otro factor, el capacitismo frente al género femenino. Existe una infravaloración del trabajo y las capacidades de las mujeres, pues en un puesto de trabajo dónde se requiere el mismo nivel de habilidad, si se encuentra feminizado, como la limpieza de domicilios, se remunera por debajo del ámbito masculinizado como es el ejemplo de la recogida de residuos.
Por todo lo anterior, debemos ser personas críticas con todas estas situaciones que nos rodean y se encuentran normalizadas, hemos de continuar con la lucha por visibilizar a las mujeres, pues somos más de la mitad de la población mundial. Por ello es importante que instituciones como Naciones Unidas reivindiquen, en este caso, la igualdad salarial, en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (objetivo 8.5), pues promueve la consecución de la igualdad y la eliminación de toda forma de discriminación.
Ante este desafío, está en nuestras manos conseguir una mayor visibilidad de esta problemática que ha afectado históricamente a las mujeres, y, en definitiva, luchar por una sociedad igualitaria. Para ello, deben implicarse tanto las instituciones, con la toma de medidas efectivas, como la sociedad, comprometida siempre con la justicia social.
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Carla Borrás Ferragud, consultora junior de igualdad en EQUÀLITAT