Las sociedades democráticas más avanzadas de nuestro entorno han adolecido, en la última década, de profundas crisis de legitimidad democrática que, motivada por la falta (o insuficiente) transparencia y rendición de cuentas en la gestión realizada por parte de cargos electos y administraciones públicas, acrecentaron el sentimiento de desapego de la ciudadanía respecto a sus instituciones, considerando a éstas como incapaces de satisfacer y de garantizar sus derechos, libertades y necesidades fundamentales.

Este fenómeno de apatía política no debería confundirse ni interpretarse como un cuestionamiento de los principios y valores democráticos, si no más bien como una reivindicación compartida de articular más y mejores instrumentos de participación y acceso a la información pública que, sirviéndose de una ciudadanía más informada, crítica y participativa, enriquezcan a la endeble y sin duda mejorable democracia actual.

En este contexto, numerosas administraciones públicas, así como entidades no gubernamentales comprometidas con la integridad institucional, han venido realizando notables esfuerzos para acercar la agenda pública a la sociedad a la cual se debe, articulando, entre otros, sendos portales de transparencia disponibles en la sede electrónica de la administración correspondiente, o bien diseñando plataformas de datos abiertos que faciliten el acceso ciudadano a aquella información relevante en materia institucional, económica, presupuestaria o reglamentaria que, a menudo, se halla dispersa.

Atendiendo a este último propósito se presentó, el pasado 15 de febrero, la herramienta “Integrity Watch Spain, un proyecto impulsado por Transparency International España que, mediante una base de datos interactiva on-line de fácil manejo, pretende poner a disposición de investigadores sociales, periodistas y ciudadanía en general los datos relativos a las declaraciones de bienes y rentas de representantes públicos presentes en el Congreso y Senado durante la legislatura XIV.

Algunos de los datos que pueden consultarse son el número de mujeres y hombres que forman parte de nuestro Parlamento, pudiéndose desagregar la información en función del grupo político adscrito, circunscripción electoral, rentas percibidas, bienes inmuebles, títulos de valor y deudas, entre otros.

Si estudiamos el caso de nuestra Comunitat Valenciana, se observa que:

  • De las 350 personas representantes públicos que integran el Congreso, 30 provienen de nuestro territorio, siendo 17 hombres (56,6%) y 13 mujeres (43,4%). Por otro lado, de 264 senadores/as que conforman el Senado, 17 son de nuestra autonomía, 11 hombres (64,7%) y 6 mujeres (35,3%).
  • El grupo político mayoritario en la cámara baja es el Socialista con 9 cargos electos presentes, seguido de cerca por el Partido Popular y Vox, con 8 y 7 escaños respectivamente. Más alejado se encuentra el grupo parlamentario de Podemos con 4 representantes y Ciudadanos con 2. La tendencia descrita anteriormente se reitera en el Senado donde, el grupo Socialista y Popular aglutinan la práctica totalidad de senadores y senadoras valenciano/as (88,2%), con 8 y 7 respectivamente; mientras que Izquierda Confederal y Ciudadanos cuentan con un/a representante cada uno.
  • La mayoría de los diputados/as valencianos/as (12 de 30) perciben una renta que oscila entre los 50.001 € – 100.000 €, seguida a continuación por aquellas personas electas (10 de 30) cuya renta comprende desde los 10.001 € a los 50.000 €. En el caso de la cámara alta, el 64,7% de senadores y senadoras tienen una renta que abarca de los 10.001 € a 50.000 € y de los 50.001 € a los 100.000 €, 6 y 5 respectivamente.
  • En cuanto a sus derechos de propiedad, se desprende que el 73,3% de nuestros cargos electos del Congreso poseen entre 1 y 5 bienes inmuebles; el 60% no tiene ningún tipo de participación en acciones u otros títulos de valor; y el 66,6% dispone de deudas u obligaciones patrimoniales. Resultados cuasi análogos se obtienen del estudio de escaños para el Senado, donde el 88,2% posee entre 1 o 5 bienes inmuebles; más de la mitad no dispone de acción alguna (53,3%); y el 77% ostenta algún tipo de deuda patrimonial.

Desde EQUÀLITAT, participació i igualtat, consultora valenciana especializada en transparencia y participación ciudadana acogemos con ilusión esta iniciativa, la cual servirá de apoyo para futuros estudios e investigaciones que se realicen en adelante por parte de nuestra firma, y agradecemos enormemente la inestimable contribución de Transparency International España en favor de unas instituciones más íntegras y honestas, promoviendo su eficacia desde el principio de la transparencia pública y la comunicación bidireccional administración-ciudadanía.

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Transparency International España es una organización no gubernamental de ámbito internacional dedicada combatir la corrupción, tanto en el interior de los países como en el plano de las relaciones económicas, comerciales y políticas internacionales.

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Jorge Torres Estiguin
Consultor de Gobierno Abierto en EQUÀLITAT, participació i igualtat